“Hay
que hacer políticas que sirvan para disuadir y eliminar elementos que
puedan servir de atractivo para la entrada o permanencia de inmigrantes
ilegales en España, como la Sanidad completamente gratuita” – Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso.
Hace tres meses, desde esta publicación criticábamos
la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, de Medidas Urgentes para la
Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que eliminaba la atención
sanitaria a los/as inmigrantes sin permiso de residencia. En estos
momentos, el Decreto ha entrado en vigor, lo que nos permite analizar
con más detalle su contenido y cómo afectará a los/as más de 150.000
extranjeros/as sin papeles que han perdido su tarjeta sanitaria.
De acuerdo al texto legal, quedan aún
cubiertas por el sistema sanitario las urgencias médicas, las
inmigrantes embarazadas y los/as menores sin papeles. Según la ministra
de Sanidad Ana Mato, el resto de extranjeros/as sin papeles, para ser
atendidos/as, deberán de pagar 710 euros mensuales, cantidad que alcanza
los 1.864 euros en caso de mayores de 65 años. Esto demuestra una vez
más que los/as gobernantes/as o están fuera de la realidad o nos están
tomando el pelo porque, ¿cómo va a poder pagar ese dinero una persona
que no tiene permiso de trabajo?
Ante las múltiples críticas recibidas,
la ministra ha señalado que serán atendidos/as en la sanidad pública
los/as pacientes con enfermedades crónicas, infecciosas y oncológicas.
Un apunte, a la ministra se le olvidó decir que serían atendidos/as, sí,
pero pagando por los servicios recibidos. La primera Comunidad Autónoma
que ha publicado los precios de los servicios sanitarios ha sido
Castilla la Mancha, estableciendo que un ingreso hospitalario costará
459,89 euros en el supuesto más barato, y 2.824,04 euros en el más caro,
que una cesárea con complicaciones costará 4.392,77 euros y una de alto
riesgo 6.264,49, la atención de una persona anciana en un geriátrico
389 euros, una resonancia magnética 294 euros, un tratamiento completo
de radioterapia 3.318,03 euros… aquí es donde nos damos cuenta de que
los/políticos no son tontos/as, sino que les importa una mierda la vida
de las personas.
Estas medidas son justificadas por el
Gobierno como una forma de ahorro de costes y para evitar el llamado
turismo sanitario. Pero analizando más a fondo la exclusión a las
personas sin papeles de la sanidad, podemos darnos cuenta que únicamente
se trata de una medida racista y clasista que supone un cambio en el
modelo sanitario español, pretendiendo que la sanidad pública tenga
únicamente una labor asistencial o de beneficiencia, expulsando a la
clase media hacia las aseguradoras privadas, una política muy similar a
la seguida en la educación primando a los centros concertados sobre los
públicos.
Según las asociaciones de profesionales
de la sanidad, la medida no sólo no supondrá un ahorro, sino que a medio
plazo traerá más gastos, al derivar a los/as inmigrantes al servicio de
urgencias, que tiene un mayor coste. Además, se corre el riesgo de que
enfermedades infecciosas no tratadas aumenten su tasa de contagio y
mortalidad, lo que para el VIH supondrá, según el Grupo de Estudio de
SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica, la muerte entre 27 y 50 personas por VIH en el primer año de
aplicación del decreto, y del 12-15% de la población infectada en los
siguientes años, un retroceso a niveles de hace 20 años, además de
incremento de un 20% anual de las personas con VIH.
Cuando el racismo y la xenofobia son un hecho, la insumisión y la desobediencia civil son un derecho
Con este lema se cerraba el manifiesto
leído tras un encierro de sindicalistas de la Central Unitaria de
Traballadores en un hospital de Santiago para visibilizar la “exclusión xenófoba del colectivo inmigrante”
en la Sanidad Pública, encierro realizado también en el Hospital Ramón y
Cajal, en el Hospital Clínico y en el Hospital General de Móstoles,
además de una acampada frente al Hospital de la Paz de doscientas
personas desalojada por la policía.
Ante las medidas del Ministerio, los/as
profesionales de la sanidad se han organizado y han hecho un llamamiento
a la objeción de conciencia, similar a la realizada en Grecia hace unos
meses ante una política idéntica que llevó al sindicato de médicos
griegos a afirmar que “los doctores de hospital declaran desde este
momento al obstinado ministro de Sanidad, que no renunciarán a su
profesión médica para convertirse en guardias, que no tendrán en cuenta
el color de piel, el género o el origen y los documentos legales de
ninguna persona que requiera tratamiento médico”. Considerando que la normativa contraviene su código deontológico, “velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía del enfermo”,
1.650 profesionales se han declarado objetores/as de conciencia,
asegurando que van a seguir atendiendo a sus pacientes
independientemente de su situación administrativa. Para ello están
creando una red de solidaridad que permita burlar las trabas
burocráticas que impiden la atención de sin papeles que incluya a
médicos/as, enfermeros/as, personal administrativo… para poder dar
citas, atender en consulta y realizar pruebas diagnósticas a las
personas excluidas. También se está fomentando la creación de Grupos de
acompañamiento por personas con tarjeta sanitaria que acuden con sin
papeles al médico para prestarles la tarjeta, presionar a los/as
sanitarios/as para lograr la atención médica, fomentar la insumisión y
visibilizar el rechazo a una medida que niega el derecho a la salud a
más de ciento cincuenta mil personas.
Más información en www.casmadrid.org y www.yosisanidaduniversal.net
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