Sanidad pública,
educación pública y servicios sociales hace tiempo que se han convertido
en negocios privados al alza. En el caso de la sanidad, con el País
Valenciano y Madrid como grandes paradigmas. Un pomposo discurso que vende
las bondades del “Modelo de colaboración público-privado”, en el que
supuestamente las empresas privadas ofrecen una mejor gestión, mayor
eficiencia económica y el estado continúa teóricamente garantizando los
mismos prestaciones y servicios que en la sanidad pública, envuelve una
ofensiva que aspira a un cambio radical de modelo, que tiene a los
Estados Unidos (atención sanitaria al ciudadano en función de su renta,
lo que deja a mucha gente fuera del sistema) como gran referente.
Diferentes gobiernos autonómicos, sobre todo del PP, se aplican a
materializar este cambio de paradigma.
Un mero vistazo a la
evolución del marco jurídico ya permite intuir algunos de estos cambios.
La Ley General de Sanidad (1987) permitía la participación del sector
privado (preferentemente a través de entidades sin ánimo de lucro, que
podían concertar determinados servicios con la Administración) en los
ámbitos que no alcanzara la cobertura de la sanidad pública. La
Ley 15/97, actualmente en vigor, modifica la legislación anterior y abre
la puerta a las empresas privadas en la gestión de la sanidad pública.
Las legislaciones autonómicas incorporan posteriormente este principio,
que ha dado lugar a la coexistencia de centros sanitarios públicos (con
una progresiva privatización de sus servicios), centros estrictamente
privados y, por último, centros públicos que, por concesión
administrativa, son gestionados por operadores privados, lo que en la
práctica no supone sino un proceso gradual de privatización de la
sanidad pública.
El País Valenciano constituye un buen
observatorio de este proceso. En el año 1997 se abre la veda (En 1995 el
PP accede al gobierno en el País Valenciano, de la mano de Eduardo
Zaplana). De manera progresiva, y partiendo de una estrategia
premeditada (que públicamente nunca se reconoce), comienza la
privatización de determinados servicios públicos (limpieza, cocinas
hospitalarias y ambulancias, entre otros) en los centros sanitarios .
También se ponen en manos del sector privado las resonancias magnéticas
de los hospitales públicos, pese a los informes que acreditaban que el
servicio público tenía un coste menor. En 2000 tiene lugar el segundo
gran hito: se pone en marcha el Hospital de la Ribera (en el municipio
de Alzira), que representa el primer gran ejemplo de privatización de la
sanidad pública en el País Valenciano.
¿En que se basa el modelo Alzira
, es decir, hospitales públicos de gestión privada? La Administración
pública otorga una concesión mediante concurso, 15 años en el caso del
Hospital de la Ribera, a una empresa privada (Ribera Salud) que se
compromete a la construcción del centro hospitalario, ponerlo en marcha y
gestionarlo. El gobierno autonómico paga a la empresa por los costes de
estos conceptos. Así, sólo por la gestión sanitaria del Hospital de la
Ribera, la Conselleria de Sanitat ha de abonar en 2012 cerca de 640
euros por habitante y año. Pero la clave radica en un modo de
financiación paralela, sobre el que muy poco se sabe, y que permite a la
empresa concesionaria incrementar los ingresos e intentar asegurarse la
rentabilidad del negocio: la derivación de pacientes. Ciudadanos (en
listas de espera o que requieren pruebas de diagnóstico) adscritos a
centros hospitalarios de otras comarcas (por ejemplo, de Alcoi o Gandía)
son derivados al Hospital de la Ribera, para que, gracias al dinero
público (que siempre paga la atención a los pacientes en este modelo),
cuadren los números .
¿Qué hay en el trasfondo de este modo de proceder? ¿Por qué otorgar tanta prioridad a un solo centro hospitalario? El modelo Alzira representa uno de los grandes buques insignias
del PP valenciano, es decir, una apuesta política de gran calado que ha
de salir bien al precio que sea. Por eso el Gobierno Valenciano rescató
la concesión del hospital y, en 2002, sacó un segundo concurso para que
la iniciativa de Ribera Salud fuera rentable. A la empresa se le
concedió en concurso la posibilidad de prestar la atención primaria, lo
que le permitía controlar el gasto en todo el proceso asistencial,
aumentar su volumen de negocio y sanear sus cuentas (en el primer
concurso sólo se le adjudicó la atención especializada); la Conselleria
de Sanidad pasó de pagar 240 euros por habitante y año a 420. A ello hay
que agregar otras ventajas: se garantizan en La Ribera determinados
servicios (radiodiagnósticos y anestesistas permanentes para las
epidurales de los partos, entre otros) que, deliberadamente, no se
prestan en centros públicos, en una decisión de carácter mucho más
político que sanitario.
Ya desde los orígenes la estrategia
estaba perfectamente diseñada. Por ejemplo, las áreas quirúrgica y de
diagnóstico del Hospital de la Ribera contaban con unas dimensiones
desproporcionadas para las necesidades de la comarca de la Ribera
(ámbito de cobertura). Se tenía en vista, desde la fase de diseño, la
derivación de pacientes y la financiación paralela. Otros hospitales que
siguen el modelo público de gestión privada, como los de Dénia o
Manises, no pueden, por razones de la mayor competencia en el sector,
realizar estos desvíos de pacientes, y en consecuencia se hallan
actualmente en situación de apuro económico.
Según el portavoz
del área de Salud de Intersindical Valenciana, Rafael Reig, “no hay
ninguna prueba empírica de que este modelo resulte más barato que la
sanidad pública; en primer lugar, existe mucha opacidad informativa;
pero, además, si fuera rentable nos lo venderían todos los días;
tampoco se ha constatado una mejora en la calidad de la asistencia, ni
se ha terminado con las listas de espera; hay casos en los que se ha
dado cita para una operación de menisco al cabo de un año”. Asimismo, “a
la empresa que gestiona el Hospital de la Ribera se le dan otras
ventajas: es la Seguridad Social la que paga los materiales y
medicamentos; por no hablar del trato al personal laboral: un trabajador
con un salario equivalente al de otro de la sanidad pública tiene una
jornada laboral un 20% superior”, explica el sindicalista.
El
País Valenciano cuenta actualmente con cinco hospitales públicos de
gestión privada, en los municipios de Alzira, Dènia, Torrevieja, Manises
y Elx. A ellos se les sumarán próximamente los de Llíria, Gandía y
Torrent (el número de hospitales públicos de referencia y comarcales se
eleva a 18). ¿Quién está detrás de estos centros, agraciados por la
concesión pública? En todos los casos, un consorcio formado por un socio
capitalista y una compañía de seguros, a los que pueden agregarse otros
socios menores (algunas veces constructoras o empresas del ladrillo
). En el accionariado de Ribera Salud están representados, con la
mayoría de los títulos, Caja Mediterráneo (CAM), ahora en manos del
Banco de Sabadell, Bankia (que pretende deshacerse de su capital en la
empresa) y la aseguradora Adeslas; también, aunque con un porcentaje
menor, la promotora Lubasa y Dragados y Construcciones. En hacerse con
el capital de Bankia han manifestado su interés el Banco de Sabadell, la
multinacional sueca Capio Salud y un grupo inversor de Juan Roig,
propietario de Mercadona.
En todos los hospitales de estas
características en el País Valenciano, Ribera Salud participa del
negocio, aunque de manera compartida con diferentes aseguradoras
privadas: DKV en Dènia; Asisa en Torrevieja; Sanitas en Manises y Asisa
en Elx. Todo parece estar muy bien repartido. ¿Por qué razón? “El sector
privado sanitario ha sido hasta hace poco testimonial en el País
Valenciano; dicho de otro modo, no tenía capacidad suficiente para
asumir la gestión de la sanidad en su conjunto, que es realmente el
objetivo político del PP; lo que se está haciendo es introducir a las
empresas privadas con experiencia en gestión sanitaria en la sanidad
pública, parasitándola, pero gradualmente, haciendo tiempo para que el
sector privado vaya ampliando su volumen de negocio y adquiriendo la
infraestructura necesaria; el fin es poder gestionar finalmente toda la
sanidad pública; el final de la hoja de ruta es el modelo
norteamericano”, explica Rafael Reig.
En este proceso hay un
elemento decisivo: cerca del 50% del gasto en la gestión privada de los
hospitales procede del capítulo de personal; y es en este punto donde
las empresas ponen el foco. Las empresas aspiran fundamentalmente, y lo
afirman bien a las claras, a la gestión del personal. “Si ganan dinero
es porque reducen plantilla y recortan en gasto corriente, material
sanitario y servicios al usuario”, asegura el portavoz de Intersindial
valenciana. Además, las empresas se aprovechan de la situación de
asfixia económica de la Generalitat: el Gobierno Valenciano ha tenido
que renunciar al pago anual que pretendía cobrar a las empresas
adjudicatarias, que además seguramente controlarán totalmente a medio o
largo plazo la gestión del personal.
Por lo demás, estos
centros públicos de gestión privada no son, ni mucho menos, exclusivos
del País Valenciano. Al frente de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre los ha promovido hasta el punto de que todos los nuevos
hospitales públicos son de estas características; por ejemplo, el
Hospital Infanta Elena (Valdemoro); el Hospital de Henares (Coslada);
Hospital Sureste (Arganda del Rey); Hospital del Tajo (Aranjuez);
Hospital Infanta Cristina (Parla); Hospital Infanta Leonor (Madrid),
Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y Hospital Puerta de
Hierro (Majadahonda). Frente al modelo valenciano, sin embargo, los
centros hospitalarios promovidos por la lideresa mantienen la gestión pública del personal sanitario (no el resto de los ámbitos de gestión).
Otro factor añadido a la presión de los negocios privados sobre la sanidad pública es el final de la burbuja inmobiliaria
, y la necesidad de reorientar los capitales hacia nuevos nichos de
inversión. En muchos casos, las empresas constructoras de obra pública y
del ladrillo se anticiparon a la crisis y empezaron a invertir en
hospitales, en una tendencia que continúa hoy. Además de Lubasa y
Dragados y Construcciones, con presencia en el Hospital de la Ribera,
Acciona se halla entre los accionistas de la empresa que gestiona el
hospital de Torrevieja; Son Espases, el mayor centro hospitalario de
Palma de Mallorca, está participado en un 49,5% del capital por Iridium,
del grupo ACS (la constructora de Florentino Pérez, presidente del Real
Madrid); el Hospital de Torrejón tiene entre sus accionistas a Fomento
de Construcciones y Contratas (FCC), Globalvia Infraestructuras y al
Grupo constructor Alpine; Dragados y FCC también están presentes en el
Hospital de Son Dureta (Palma de Mallorca), entre otros ejemplos.
En toda esta maraña de intereses empresariales tampoco faltan las
conexiones políticas. Algunas muy notorias. En el accionariado de Capio
Salud (multinacional sueca que en el estado español controla o participa
en la gestión de 28 centros sanitarios), figuran personajes como el
exministro de Economía y expresidente del FMI, Rodigo Rato, y el
exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela;
familiares de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de
Cospedal; y Teresa Echániz Salgado, hermana del consejero de Sanidad de
Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado; Por otra parte, el
actual conseller de Sanitat de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz,
alcanzó este cargo tras dirigir la patronal catalana de hospitales.
También trajo cola la privatización en el País Valenciano del servicio
de resonancias magnéticas de los hospitales públicos, del que se
beneficiaron empresas de Carlos Paz, íntimo amigo de Eduardo Zaplana
(expresidente del Gobierno Valenciano) y del diputado autonómico del PP,
Luis de la Concepción.
Actualmente, nos hallamos en la primera fase de la hoja de ruta neocon
aplicada a la salud, resume Rafael Reig. “Los poderes públicos todavía
garantizan el derecho a la salud, es decir, la atención sanitaria
gratuita; pero la prestación de servicios y la atención a los pacientes
está poniéndose paulatinamente en manos del sector privado; en una
segunda fase se pretende la privatización absoluta de la salud; que la
atención sanitaria dependa del poder adquisitivo; ¿Qué es, si no, el copago ?”, se pregunta.
Por lo demás, “la atención sanitaria pública, universal y de calidad es
un derecho ciudadano, independiente de la condición social o lugar de
residencia. La progresiva aplicación de políticas neoliberales, que
desmantelan el Estado del Bienestar y favorecen la privatización de la
sanidad, daña nuestra salud y aumenta la desigualdad. Como si fuera una
mercancía más, la sanidad pública está en venta : se cierran
centros de atención primaria, urgencias y quirófanos, aumentan las
listas de espera, se amplía el repago…La ciudadanía debe saber lo que
nos jugamos: perder un derecho esencial conseguido tras largas luchas
sociales”, concluyen Carles Muntaner, Clara Valverde, Gemma Tarafa y
Joan Benach en el libro “La sanidad en venta” (Icaria).
Fuente: Rebelión
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